El objetivo de esta obra es clarificar y sistematizar una rama del ordenamiento jurídico dispersa y fragmentada, como es la que regula la eficiencia energética. Y ello, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que en esta materia impone la normativa de la Unión Europea y nacional. Para ello, el libro consta de diez capítulos en los que se analiza: a) el papel que un uso eficiente de la energía tiene en la reducción de emisiones de gases contaminantes y en la lucha contra el cambio climático; b) las medidas de ahorro y eficiencia energética que recoge la normativa para sectores altamente consumidores de energía como la edificación, el transporte y la iluminación exterior; c) el carácter ejemplarizante que corresponde a la Administración pública en esta materia a través de la planificación y de la contratación pública; y d) los regímenes impositivos que favorecen un uso sostenible y eficiente de la energía. El estudio de este específico marco normativo se completa con un Código sobre Eficiencia Energética (en Proview) en el que se incluyen las normas más relevantes reguladoras de este sector. Esta recopilación normativa es pionera en esta materia. Por las características expuestas, esta publicación resulta de gran utilidad para el operador jurídico (jueces, abogados?) y técnico (ingenieros, arquitectos?). Además, presenta la ventaja de que incluye en cada capítulo un catálogo de medidas de eficiencia energética, que permite identificar las obligaciones que para las Administraciones públicas, empresas y consumidores derivan de este marco normativo.

A pesar de que sólo han transcurrido cinco años desde la primera edición de esta obra, los cambios sociales, económicos y políticos producidos con posterioridad se han visto acompañados de decisiones y reformas jurídicas de gran relevancia práctica. En efecto, atendiendo sólo al Derecho positivo, han modificado el Código la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria (que estaba pendiente de aprobación desde el año 2000); la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Como se ve todas estas leyes tienen en principio un objeto distinto, pero en las mismas se incluyen –puede decirse que de forma refleja- cambios sustantivos de importancia que afectan a la disciplina del Código civil en no pocas de las materias de que se ocupa.

A pesar de que sólo han transcurrido cinco años desde la primera edición de esta obra, los cambios sociales, económicos y políticos producidos con posterioridad se han visto acompañados de decisiones y reformas jurídicas de gran relevancia práctica. En efecto, atendiendo sólo al Derecho positivo, han modificado el Código la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria (que estaba pendiente de aprobación desde el año 2000); la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Como se ve todas estas leyes tienen en principio un objeto distinto, pero en las mismas se incluyen –puede decirse que de forma refleja– cambios sustantivos de importancia que afectan a la disciplina del Código civil en no pocas de las materias de que se ocupa.

A pesar de que sólo han transcurrido cinco años desde la primera edición de esta obra, los cambios sociales, económicos y políticos producidos con posterioridad se han visto acompañados de decisiones y reformas jurídicas de gran relevancia práctica. En efecto, atendiendo sólo al Derecho positivo, han modificado el Código la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria (que estaba pendiente de aprobación desde el año 2000); la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Como se ve todas estas leyes tienen en principio un objeto distinto, pero en las mismas se incluyen –puede decirse que de forma refleja– cambios sustantivos de importancia que afectan a la disciplina del Código civil en no pocas de las materias de que se ocupa.

La presente edición recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, el Real Decreto 541/2001, de 18 mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, y la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. También se incluyen las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la Orden de 8 de marzo de 1972 y el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. En materia de revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. Esta obra contiene, además, el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, el Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, la Orden HAP/2846/2015, de 29 diciembre, la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril y las Resoluciones de 17 de mayo de 1991, 23 de enero de 2007, 16 de marzo de 2016 y 6 de abril de 2016. Igualmente se recogen parcialmente las Leyes de Costas, Autopistas, Carreteras y Aguas, concretamente los artículos reguladores de los contratos de obras dentro de su respectivo ámbito de aplicación, así como la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Los textos se incluyen actualizados y concordados, completándose el volumen con un extenso índice analítico.

Desde el 17 de agosto de 2015, con algún supuesto transitorio, se aplica en España el Reglamento (UE) nº 650/2012 sobre las sucesiones «mortis causa» internacionales así como el Reglamento de ejecución (UE) nº 1329/2014. Ello supone un gran cambio jurídico dada la incidencia de la norma europea en el Derecho patrimonial, familiar y sucesorio. España ha implementado estos Reglamentos en el ámbito procesal, notarial e hipotecario en la Ley 29/2015, de la Cooperación jurídica internacional, al tiempo que la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria, afecta su aplicación normativa. La autora, Notaria de Madrid y Letrada de la DGRN, fue negociadora del Reglamento, miembro del Comité de Sucesiones que aprobó su ejecución y ponente de la Ley 29/2015, que implementó en España la norma europea. Asimismo ha trabajado activamente en el proceso legislativo de la Ley 15/2015, especialmente en los expedientes notariales. Se presenta, pues, un trabajo riguroso y exhaustivo, con el valor añadido bibliográfico de la cita de los documentos de trabajo mas importantes manejados en la negociación. Se prima la perspectiva de la interrelación de la norma europea con el Derecho español internacional, interregional, civil, procesal y registral. Se incluye una guía práctica.

La materia de seguros ha experimentado una importante reforma tanto en la nueva ley básica de regulación como en otros textos legales complementarios; novedades, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, que tienen la adecuada cabida en esta edición de «Legislación de Seguros». En este sentido, la presente obra recoge, debidamente estructuradas las principales disposiciones, entre otras: Entidades aseguradoras y reaseguradoras - Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. - Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. - Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social. Normativa contractual Básica - Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Seguros de cobertura de fallecimiento - Ley 20/2005, de 14 de noviembre, de creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. - Real Decreto 968/2007, de 23 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/2005. Seguro en la circulación de vehículos a motor - Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. - Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. Seguro de riesgos extraordinarios - Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguro de Riesgos Extraordinarios. Planes y Fondos de Pensiones - Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones. - Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Consorcio de Compensación de Seguros - Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. Mediación de seguros: régimen jurídico - Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. - Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, de desarrollo de la Ley 26/2006. Normativa impositiva Normativa sectorial de la Unión Europea (PROVIEW) - Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre. Solvencia II. - Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE. - Directiva 2016/97/UE, de 20 de enero, sobre distribución de seguros. Se completa la obra con un exhaustivo Índice analítico.

El momento político que atraviesa España, con grupos políticos cuestionando su unidad y con actitudes secesionistas altamente desestabilizadoras, es motivo de honda preocupación para un importante número de españoles. Por otra parte, algunos partidos políticos sostienen que la solución estriba en complacer a los partidarios de aventuras secesionistas ofreciendo la constitución de un Estado federal asimétrico, es decir, otorgando a determinados territorios más poder que al resto. Con independencia de que esta solución, además de ser injusta, no es aceptada, en principio, por las fuerzas que cuestionan la unidad de la nación, por lo que nunca podrá satisfacer a quienes no la desean, lo cierto es que se trata de una opción extraña a nuestra historia; España no ha registrado nunca la existencia de territorios independientes y soberanos que pudieran justificar actualmente un pacto federal. A demostrar estas afirmaciones y la improcedencia, las dificultades y los peligros de constituir en nuestro país un Estado federal, está orientado este trabajo.

El momento político que atraviesa España, con grupos políticos cuestionando su unidad y con actitudes secesionistas altamente desestabilizadoras, es motivo de honda preocupación para un importante número de españoles. Por otra parte, algunos partidos políticos sostienen que la solución estriba en complacer a los partidarios de aventuras secesionistas ofreciendo la constitución de un Estado federal asimétrico, es decir, otorgando a determinados territorios más poder que al resto. Con independencia de que esta solución, además de ser injusta, no es aceptada, en principio, por las fuerzas que cuestionan la unidad de la nación, por lo que nunca podrá satisfacer a quienes no la desean, lo cierto es que se trata de una opción extraña a nuestra historia; España no ha registrado nunca la existencia de territorios independientes y soberanos que pudieran justificar actualmente un pacto federal. A demostrar estas afirmaciones y la improcedencia, las dificultades y los peligros de constituir en nuestro país un Estado federal, está orientado este trabajo.

La presente obra tiene por objeto el análisis del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad en el sistema de Seguridad Social español. La importancia de esta prestación reside en que viene a cubrir una necesidad social tradicionalmente desatendida por nuestro sistema público de protección social. Circunstancia que provocaba, en la práctica, que los trabajadores afectados se sirvieran de las diversas alternativas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para poder cuidar a un hijo gravemente enfermo llegando a desvirtuar, en algunos casos, instituciones como la incapacidad temporal, frecuentemente utilizada para tal fin. De ahí, la importancia de esta prestación, al margen de que su régimen jurídico vigente presente más o menos deficiencias técnicas o que su ámbito subjetivo de aplicación resulte más o menos limitado en la práctica. Así las cosas, el análisis contenido en la tesis se estructura en torno a los siguientes capítulos: cuestiones generales, requisitos, cuantía de la prestación económica, dinámica y consideraciones finales. Terminando con unas concretas propuestas de mejora cuya finalidad no es otra que la de contribuir, de forma modesta, a la mejora de su régimen jurídico.